Sin duda amedrentados por el merecido  rapapolvo de nuestro compañero Julio Ortega, los gobernantes de la Comunidad de Madrid han decidido dar marcha atrás con el polémico proyecto de Ley de Protección de Animales Domésticos que pretendía prohibir a los ciudadanos alimentar a los perros o gatos abandonados e imponer las ejecuciones exprés en los albergues.

Las protestas de animalistas de todos los flancos y tendencias y, muy especialmente, la movilización ciudadana a través de las redes sociales llevaron a la presidenta de la Comunidad a anunciar, el pasado día 3, la retirada del proyecto por falta de "consenso " entre los colectivos y asociaciones implicados.

Esperando (y el verbo no va con segundas) que la sabia rectificación no se quede en mera medida preelectoralista, celebramos la decisión de Aguirre y compartimos las palabras de alegría del presidente de la asociación en defensa de los animales, Nacho Paunero, quien ha recordado a la presidenta madrileña que "ahora tiene la oportunidad de hacer una ley verdaderamente protectora que prohíba sacrificar a los animales abandonados, como ya ocurre en Cataluña".

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